Pasados unos pocos días de las elecciones generales una parte de los tertulianos y analistas políticos empiezan a reclamar con insistencia un pacto de gobernabilidad entre PP y PSOE con Ciudadanos como invitado de piedra. Un gobierno de
constitucionalistas para preservar la estabilidad y la unidad de España frente a los que quieren romperla inundándonos de incertidumbres.
De entrada, confieso que el término constitucionalista, en este contexto, siempre me ha parecido beligerante, porque se ha usado dentro de una política de bloques. Los partidos con representación en toda España y con una determinada visión del Estado frente a los partidos nacionalistas de diferentes territorios que no comparten la misma visión del Estado o que, directamente, son independentistas. De hecho hubo un gobierno de constitucionalistas en el Pais Vasco en el 2009 con
Patxi López de lehendakari gracias a los votos de su partido, el PSOE, con la suma del PP y UPyD; para desalojar al PNV e Ibarretxe, que había intentado presentar su plan soberanista, del poder. Estos mismos tertulianos y opinadores valoran aquel gobierno positivamente de manera especial porque lo consideran decisivo para vencer a la banda terrorista ETA, aunque el rédito político de los partidos llamados constitucionalistas ha ido empeorando. El pueblo al que dicen defender, les ha ido dando la espalda en las urnas, de manera que hablnado de elecciones generales el PSOE ha pasado del 38,14% en 2008 al 13,25% en 2015. El PP del 18,53% al 11,62% y UPyD ha sido barrido del mapa electoral.
Precísamente después del resultado de las elecciones generales, se recupera con fuerza el término
constitucionalista aunque el paradigma ahora ha cambiado porque no solo se trata de posicionarse frente al llamado desafío soberanista, sino frente a opciones políticas como Podemos con representación en toda España pero con una visión del Estado diferente, y que se basa en una idea de plurinacionalidad de España, concepto que incluso han llegado a marcar como parte de sus líneas rojas ante una hipotética negociación enfocada a la configuración de una alternativa de gobierno. Con este mensaje han conseguido ser primera fuerza política en Cataluña y Pais Vasco, precísamente, y segunda opción en Valencia, Baleares, Galicia (y también Madrid). Sobre el papel, una opción no rupturista del Estado que apela a una diversidad. Una diversidad que sí recoge la Constitución aunque los etiquetados como constitucionalistas no parecen captar, y por esa razón insisto en considerarlo un término beligerante.
Sinceramente les llaman constitucionalistas cuando quieren decir defensores de la uniformidad, porque realmente la diversidad es tan constitucional como la indisolubilidad de la nación española. Simplemente hay que acudir a la Constitución para ver que en su preámbulo, ya nos recuerda que
"La Nación española (...) proclama su voluntad de: (...) proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones." Es decir, proteger la diversidad es una mandato constitucional y debería ser sagrado para los constitucionalistas.
Aparentemente, la Constitución es como El Quijote de Cervantes, todos lo tienen como referencia literaria aunque muy pocos lo hayan leído realmente. De esta manera podemos seguir con la Carta Magna cuando en su artículo 2 se afirma que
"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas." Por lo tanto, los constitucionalistas deberían hacer compatible la insidolubilidad de España con la existencia de la diversidad, expresada en la Constitución cuando diferencia entre regiones y nacionalidades. Sea el grado que sea, existen diferencias y sensibilidades que habría que respetar. De hecho todos deberíamos tener claro que España no es Castilla, en todo caso como dicen por el norte con especial retranca
"Asturias es España, y lo demás, tierra conquistada" Pero no parece que esté tan claro cuando, por ejemplo, TVE destina dinero público a producir una serie dedicada a Isabel la Católica siendo Fernando, también Católico, un actor secundario; como si en la tan manida historia de la unión de las coronas, el rey aragonés hubiera tenido poco o nada que ver. El tanto monta, monta tanto, es una nimiedad para la supuesta televisión de todos y esto afecta a la percepción de las diferentes sensibilidades existentes como un claro menosprecio..
Si pasamos al artículo 3, en su primer punto la Constitución nos dice que
"el castellano es la lengua española oficial del Estado" en el segundo que
"las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas" y en el tercerto que
"la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección." Es decir, todas las lenguas que se hablan en España, son españolas, por lo tanto, patrimonio de todos los españoles, por eso, si no es desde un pensamiento unificador, no se entiende el desprecio por las lenguas españolas que no son el castellano, o la percepción de que ésta es una lengua superior al resto. El
"hábleme en cristiano" no suena ni muy cristiano ni constitucionalista. De hecho atenta contra la cultura de la España que dicen defender.
Avanzando en el articulado constitucional llegamos al 40.1 donde se recoge que
"los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica." Ciertamente las balanzas fiscales no dejan en muy buen lugar este artículo ni a los llamados constitucionalistas. Es cierto que la mayoría de los gestores se han dedicado a derrochar los caudales públicos como si fueran una caja sin fondo, pero también es cierto que determinadas comunidades autónomas no han dejado de aportar a la caja común y cuando han necesitado equilibrar sus cuentas, han recibido la ayuda del estado en forma de crédito a devolver con intereses. Independientemente de las posturas de cada uno en el tema de la financiación, este es un hecho objetivo así com también que se ha creado una desigualdad permanente e insostenible entre comunidades autónomas aportadoras y receptoras que ningún gobierno de constitucionalistas ha querido abordar.
Por último, en el artículo 46, la Constitución dice
"Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y los bienes que se integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad." Pero la realidad no es constitucional. Existe una mentalidad centralista de las inversiones que va afectando la sensibilidad de la periferia (más acentuada cuanto mayor es la conciencia como pueblo con propia identidad) Donde queda más patente esta realidad es en la red radial de carreteras y ferrocarril. Y donde ya queda en evidencia es en las vías de la Alta Velocidad Española (AVE) ¿Qué criterio de inversión en infraestructuras es el que existe detrás de la dotación de este servicio público estratégico para que después de décadas desde el inicio de primer proyecto de AVE, aún no exista conexión de ancho europeo entre la segunda y la tercera capital de España? Evidentemente no es ni la eficiencia, ni la eficacia ni la rentabilidad económica o social, sino el centralismo, todo lo contrario a lo que determina la Constitución. Y si hablamos de patrimonio, la sensación de falta de diversidad, y por lo tanto, de constitucionalidad en las decisiones de inversión aún es más evidente, como por ejemplo ocurre en la dejadez ministerial con la considerada segunda pinacoteca nacional (El Museo San Pío V de Valencia) o como se puede observar en el deficiente estado de conservación de toda una joya histórica como es el Castillo de Sagunto sólo por poner unos ejemplos.
Si lo que se persigue con la unión de los partidos constitucionalistas es enfrentarse a esta creciente demanda de diversidad que ha encontrado diferentes opciones de expresarse en las urnas, el objetivo no es en absoluto constitucional. De hecho deberían darse cuenta que existe una tercera España, por llamarla de alguna manera, que no es uniforme ni rupturista, sino respetuosa con la diversidad y con las diferentes culturas que lo forman y que busca el encaje de la convivencia desde la máxima de ser iguales pero diferentes. El frontismo, la política de bloques, conduce al enfrentamiento y a un espiral difícil de salvar. Sólo asumiendo la crudeza de que se puede ser español sin sentirse español o no por encima de todo español o que existen diferentes maneras de sentirse español, se puede preservar ese bien común de la unidad que tanto se reclama. Simplemente haciendo nuestro el artículo 1 de la Constitución, nos debería quedar claro
"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político" Libertad, justicia, igualdad y pluralismo en una misma frase, y es nuestra Constitución, no la de Francia, Alemania o Estados Unidos. Consiste simplemente en creersela por encima de las etiquetas.
